Bolivia

De cara al proceso autonómico boliviano, la descentralización de la educación es un verdadero desafío. Según un equipo de investigación, un obstáculo que salvar se encuentra en los actores del proceso: los maestros y las autoridades educativas nacionales, quienes “no quieren descentralizar la educación”.

La investigación “Los desafíos de la educación en el procesos autonómico boliviano”, coordinada por Mario Galindo, señala este aspecto y encuentra que los primeros temen que con la descentralización se erosione la unidad sindical y, por ende, su fuerza de presión. Mientras que las segundas, no quieren perder poder.

El nuevo escenario nacional que plantea la Nueva Constitución Política del Estado encomienda a los gobiernos departamentales, municipales autónomos y las indígenas originarias campesinas proponer y ejecutar políticas educativas en el marco de sus atribuciones.

El trabajo, del que también participaron los investigadores Manfredo Bravo y Omar Aillón, se ejecutó en el marco del proyecto “100 años de educación en Bolivia”, impulsado por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB); y fue publicado con el apoyo del Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas (CEBIAE), y de la Embajada Real de Dinamarca.

“Se puede argumentar que hay ejemplos en Latinoamérica, donde se ha descentralizado la educación y los sindicatos magisteriales se mantienen unidos y fuertes, como es el caso argentino, pero este argumento no parece convencer a los principales dirigente del magisterio boliviano”, señala el trabajo. Otro argumento podría ser que los sindicatos de seis de los nueve departamentos quieren la descentralización –menos La Paz, Cochabamba y Oruro–, por que se adhieren al pedido de autonomía de sus pueblos, pero no tienen la fuerza necesaria para imponer su punto de vista a los demás sindicatos, que tienen un mayor número de afiliados.

En cuanto a las autoridades del Ministerio de Educación, “han demostrado con creces que no tiene intención de perder el control de los órganos administrativos de la gestión educativa en el nivel departamental, y ceden en el municipal sólo en la medida en que les sirva para captar recursos para infraestructura y equipamiento”, según la investigación.

Las pugnas que se han vivido desde el 2006 a la fecha por imponer autoridades educativas departamentales, son una prueba de ello.

Otros temas, como quién otorga los títulos de bachiller o quién define las redes y los núcleos escolares, son parte del cotidiano transcurrir en departamentos como Santa Cruz, Tarija y Beni, donde el proceso autonómico está más avanzado. “Si a ello se le añade el componente político, en el que las Gobernaciones Departamentales en estos tres departamentos están en manos de la oposición y el Ministerio no acepta convivir con la misma, en términos de ceder espacios de poder, el panorama es completo. Se tienen las bases firmes para no avanzar en un proceso descentralizador”.

Con todo, la nueva ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez avanza a paso firme con diálogos con federaciones de maestros, de padres de familia y de estudiantes, además de juntas vecinales y movimiento sociales, en cuanto a crear un consenso que apuntale esta perspectiva de la educación, bajo el concepto de que descentralizar más equivaldría a segregar, dividir y parcelar la concepción de la educación en departamentos, municipios. “Todo lo avanzado hasta el momento es considerado de poco valor. Se ha satanizado la Reforma educativa en lo que hace a la gestión descentralizada y se ha generado una masa crítica de propender a una educación única con el lema de la descolonización, la interculturalidad y a intraculturalidad, por paradójico que parezca”, sostienen los investigadores. “Porque si algo es interculturalidad es el respeto a la concepción de los pueblos a su forma y modo de educarse, y eso se traduce en descentralización, en autonomía. Esto no es comprendido así y por tanto se busca un objetivo diferente”.// PIEB

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