1. En 1989 surgieron los primeros reclamos para la creación de la Universidad Técnica de El Alto UTAL. Los vecinos de Villa Esperanza donaron ladrillos y construyeron el cerco perimetral de la actual UPEA, pero el pedido no se concretó por la visión narcisista de las entonces autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

2. En ese entonces, las universidades públicas mantenían una actitud de reticencia (resistencia) a un cambio de ‘mentalidad académica’ porque mantenían (mantienen) estructuras dirigenciales cerradas, en la conducción institucional, académica de carreras y facultades y de centros estudiantiles y FUL.

Universidad Pública de El Alto3. A partir de esa mentalidad, en general se produjeron algunas distorsiones: Formación profesionista-individualista, grupos y grupitos de poder mezquinos, maestrías mercantilizadas en exceso y realidad epistemológica ajena e implantada casi por la fuerza, en nombre de la ‘academia ortodoxa’. En algunos casos y con raras excepciones, como las de 1970, la Universidad Pública estuvo al servicio de grupos de poder, como ocurrió en mayo de 2008 en Sucre.

4. Fue entonces que en El Alto, en marzo del año 2000, ante una convocatoria pública se registraron más de 15.000 bachilleres y 300 docentes ad honorem. El 1 de mayo del año 2000, más de 50 mil personas, adolescentes y jóvenes bachilleres, profesionales docentes, vecinos de diferentes barrios, trabajadores y cientos de personas, entre dirigentes y autoridades, encabezamos una kilométrica marcha como una forma de reclamar y exigir la concreción del derecho a estudiar carreras universitarias, negadas hasta ese entonces. Tomamos los predios de la UMSA.

5. El 5 de septiembre de ese año, se aprobó la Ley 2115, que crea la Universidad Pública de El Alto UPEA, sin autonomía, con autoridades impuestas por el gobierno del ex dictador Hugo Banzer y por la Jerarquía de la Iglesia Católica, como resultado de una traición de dirigentes sociales que la historia juzgará. Entre 2000 y noviembre de 2003, los estudiantes, los docentes y administrativos de la UPEA lucharon, en las aulas y en las calles, por conseguir nuestra autonomía institucional y académica que finalmente se dio con la Ley 2556 del 12 de noviembre de 2003, luego de la expulsión social del sanguinario presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Ese logro costó muchas vidas alteñas y sacrificios de la Comunidad Universitaria. También tuvo un costo en corrupción, compra de conciencias, alquiler de colegios privados y de locales comerciales con dineros del Estado, sin rendición de cuentas, al margen de la “segregación académica” desde el CEUB y de autoridades y dirigentes de la UMSA.

6. Propuesta. Es urgente fortalecer la UPEA y otras universidades como las indígenas, como alternativa ante las distorsiones como las mencionadas.

7. Una de las formas de fortalecimiento es desarrollar la investigación aplicada, gran ausente en el mundo académico actual, en las ramas técnicas, sociales y de la salud.

8. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado (puesta en vigencia en 2009) es aún un conjunto de postulados filosóficos y paradigmáticos. La Universidad no ha definido la economía comunitaria, no ha implementado la nueva malla curricular acorde con las transformaciones del Estado y menos ha interpretado, desde la ciencia y desde el arte, la nueva emergencia social. La Universidad no acompaña a la sociedad.

9. Pero, esa nueva Universidad, sea la UPEA o las universidades indígenas u otras que hagan autocrítica y actúen en consecuencia,  requieren también de un urgente control social responsable, no el que se implementó en la propia UPEA con apoyo del entonces Ministro de Trabajo del año 2000 o del alcalde alteño de ese entonces, con prebenda que le privó a la UPEA de su autonomía y permitió el impune despilfarro de dineros estatales.

10. Por tanto, los desafíos son grandes. Hay que mirar adelante, no dar pasos al costado y menos detenerse.// Cambio

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