Hago un llamado a las autoridades de Gobierno para que
condicionen la asignación de recursos del TGN, otorgados en calidad de
subvención, a un manejo transparente y responsable por parte de la comunidad
universitaria
El pasado martes 13 de octubre, dos grandes filas rodeaban los
alrededores de la Universidad Pública de El Alto (UPEA); una de estudiantes
trasnochados y otra de automóviles y minibuses de muy buena apariencia. La
curiosidad me llevó a averiguar cuál era el suceso que explicaba esta gran
concentración.
La famosa “Beca Comedor” estaba siendo pagada a los
universitarios de la UPEA. Este beneficio asciende los Bs 2.750 por año y es
otorgado a estudiantes de bajos recursos que por lo general llegan de las
provincias, su entrega supone un estudio social previo, empero jóvenes que se
apostaron con sus vehículos -algunos de último modelo- también cobraban esta
beca.
¿Quién es responsable de otorgar este beneficio y definir
qué estudiantes realmente necesitan este apoyo para proseguir su formación
académica profesional?. El artículo 92 de la Carta Magna dispone el carácter
autonómico de las universidades públicas, que consiste en la libre
administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal
docente y administrativo; así como la elaboración y aprobación de sus
presupuestos anuales, entre los aspectos de mayor relevancia.
Esta administración es encarada bajo el principio del
“cogobierno” que no es nada más que el gobierno compartido entre docentes y
estudiantes; aunque un amigo me confesó que es un secreto a voces que lo que
existe en la UPEA es una “dictadura estudiantil” comandada por la Federación
Universitaria Local–FUL.
No hay una página institucional que proporcione información
oficial del número de estudiantes de la UPEA, pero lo que se sabe es que superan
los 30.000, de estos tampoco se conoce cuántos se benefician de la “Beca
Comedor”. Para aproximarnos revisemos el presupuesto de la partida de gasto
77220 “Becas de Estudios Otorgadas a los Estudiantes Universitarios”, que
incluye además del pago a los auxiliares al beneficio en cuestión; menos mal que
desde el 2010 el presupuesto de la UPEA es consolidado al Presupuesto General
del Estado.
El 2010 el presupuesto de la señalada partida de gasto era de
6,3 millones, el 2011 se duplicaba llegando a Bs 12,3 millones, el 2012 Bs 23,7
millones y así hasta llegar al 2015 con una asignación de Bs 36,5 millones. No
estoy en contra de este beneficio, sin embargo, al ser recursos generados por
todos los bolivianos, su destino debiera permitir que jóvenes de escasos
recursos y ganas de superarse reciban este apoyo hasta que obtengan su
titulación.
Alguien tiene que fiscalizar la labor administrativa de la
UPEA, “son autónomos”, pero reciben recursos públicos. Hago un llamado a las
autoridades de Gobierno para que vuelquen una mirada a este tema y condicionen
la asignación de recursos extraordinarios del TGN, otorgados en calidad de
subvención, a un manejo transparente y responsable por parte de la comunidad
universitaria.// Los Tiempos.com - Karina Moreno (La autora es
economista)
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