La investigación “Educación técnica y producción en Bolivia” ofrece una importante aproximación a la formación técnica, mostrando que desde el sector educación no hubo priorización hacia una política de fomento. Por otro lado, la orientación de la economía hacia la producción de bienes primarios, sobre todo destinados a la exportación, determinó que no haya oferta laboral para formar profesionales que acompañen procesos de diversificación productiva.
Los autores de esta investigación pionera, Kathlen Lizárraga (coordinadora) y Christian Neidhold, dicen que estos son algunos de los desafíos que hay que superar, analizando la trayectoria económica, la normativa y las políticas para la gestión del sistema educativo.
Según explica Lizárraga, la oferta pública en los niveles universitarios es grande en relación a la oferta en el nivel de educación técnica. Entonces si un bachiller quiere una educación subvencionada y gratuita tiene que optar por la universidad.
“No se conocen y reconocen las particularidades de la educación técnica y por ello se pretende brindarla conjuntamente con los demás tipos de educación. La actual normativa prioriza la educación técnica, pero en los instrumentos de gestión no se refleja esta priorización, ya que se la continúa impartiendo desde una lógica residual a los demás niveles educativos”, sostiene el trabajo.
Efectivamente, en el marco del Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias, hay un reconocimiento a las competencias laborales de la población. “Sin embargo es necesario crear energías sinérgicas con el sistema formal de educación técnica, de manera que las personas en base a sus conocimientos propios o adquiridos por la práctica, puedan conseguir navegabilidad hacia el sistema de formación formal y de esta manera mejorar y ampliar sus conocimientos”.
El texto también toma en cuenta la situación de la educación técnica en el país ¿Cómo esta? ¿Cuántos institutos técnicos existen? ¿Cuántos alumnos? ¿Quiénes se capacitan? ¿Quiénes van a mano de obra?, tópicos que se trabajan en la base de datos del INE, instituciones de formación técnica y el Ministerio de Educación.
Para la autora, el objetivo de la investigación, es apoyar al diseño y la creación de una política educativa. Ahora que el desafió es reglamentar la Ley Avelino Siñañi, “entonces este trabajo se entiende como un aporte, es menos una crítica, aunque la situación que se presenta es alarmante”, dijo Lizárraga. // PIEB
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