En el marco de la segunda fase de investigación para establecer responsabilidades por la muerte de siete estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), una comisión de fiscales allanó ayer algunas oficinas y otros ambientes en búsqueda de más indicios y evidencias.
Los fiscales colectaron notas, informes y convocatorias que se dirigieron a estudiantes, a inicios de marzo, para que participen en una asamblea no autorizada.
Con esas evidencias se pretende establecer quién convocó a los jóvenes que abarrotó el cuarto piso de la casa de estudios superiores e identificar a las personas que autorizaron el ingreso de los universitarios el edificio, a pesar de que estaba prohibido.
En dicha ocasión, durante una trifulca luego de una asamblea estudiantil, una baranda se desplomó y 11 universitarios cayeron hasta la planta baja.
Cinco estudiantes murieron de manera instantánea mientras que otros dos agonizaron en dos centros médicos alteños.
Por ahora son seis los dirigentes universitarios detenidos preventivamente por firmar una convocatoria para la organización de la junta de estudiantes.// Bolivia
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