Aseguran que la muerte de los siete jóvenes se dio a raíz de la “dictadura dirigencial” de docentes y estudiantes que mantienen el control de subsidios a universitarios con millones de bolivianos al año.
El control sobre la asignación de al menos 9.000 becas, con un presupuesto de más de siete millones de bolivianos anuales, además del pago de otros beneficios, como el estipendio por asistir a las reuniones del Honorable Consejo Universitario (HCU), provocaron las disputas por el control de los 37 centros de estudiantes en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), según las denuncias de docentes y estudiantes. Aseguran que al interior de la casa de estudios superiores se vive una virtual “dictadura dirigencial”.
Con el respaldo de informes administrativos, los docentes denunciantes afirman que los actuales miembros del rectorado, directores de varias carreras y dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) -en su mayoría de ciencias de la educación- son parte de una “organización criminal” que coparon cargos de poder en la UPEA. Los mismos serían los responsables de aprobar las listas de los estudiantes que deben recibir las becas.
“Hay jóvenes que están detenidos y son inocentes, espero que con esta información los autores intelectuales paguen y de una vez termine la dictadura dirigencial que vivimos”, afirmó Luis (nombre convencional) egresado de la UPEA y actual docente de contaduría pública.
“Existe un informe de la Contraloría que observó que (en gestiones anteriores a 2018) varias de las becas se asignaron a universitarios que no acreditaron necesidad o mérito para recibir el dinero. El actual rector, Freddy Medrano, y su gente, con los dirigentes de la FUL, crearon una estructura que no hizo caso de esa recomendación, al contrario, manipulan el proceso de evaluación y no realizan estudios socioeconómicos, familiar y menos de méritos académicos para asignar las becas, pagan a los que tienen en sus listas (…) claro, luego les cobran sus diezmos, es un negocio gigante”, sostiene Luis, en entrevista con Página Siete.
Hasta el 2018, la UPEA destinó aproximadamente siete millones de bolivianos al año para el pago de 10 tipos de becas con montos desde 717 bolivianos hasta 1.328 en 10 meses de gestión. Los recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el Tesoro General de la Nación (TGN) y coparticipación tributaria. “Yo las llamaría becas de prebenda para manejar a los estudiantes”, afirmó Luis.
Las asignaciones están a cargo de la Dirección de Interacción Social Bienestar Estudiantil, Deporte y Cultura. Una porcentaje de esas becas son administradas por la FUL.
La disputa entre dos bandos de universitarios por el control del centro de estudiantes del área (facultad) económica de la UPEA, el pasado 2 de marzo, derivó en la muerte de siete de jóvenes, luego de caer desde el cuarto piso de ese edificio, cuando en medio un enfrentamiento una baranda mal instalada cedió y 11 de ellos se precipitaron al vacío. De los heridos, dos permanecen internados con lesiones que podrían dejarlos discapacitados de por vida, otros dos cayeron de forma milagrosa en el tercer piso y fueron dados de alta.
Por ese hecho, la Fiscalía procesa a 13 dirigentes estudiantiles como autores materiales de homicidio culposo y lesiones culposas, que derivaron de la convocatoria a una asamblea estudiantil, de los cuales siete ya fueron enviados a la cárcel.
Mario (nombre convencional), miembro de la asociación de docentes fundadores de la UPEA, presentó a este medio expedientes de procesos administrativos por los cuales se destituyeron a varios de sus colegas en los últimos dos años. Algunos de los docentes alejados de sus cargos, no sólo pedían la fiscalización de las becas, pero principalmente cuestionaron la modificación del reglamento que permite la reelección de Medrano, en un congreso virtual desarrollado en 2020.
Según los datos de la Fiscalía y la Policía, entre los investigados están el secretario general de la FUL, Germán Oliva, y el universitario presidente -por estamentos estudiantil- del HCU, Brayan Quispe Siñani, cuya enamorada, Loyda Suazo, es una de las fallecidas y ambos eran alumnos de la carrera de ciencias de la educación.
Desde hace dos semanas, el rector Medrano está internado por coronavirus. Para conocer una contraparte, Página Siete llamó varias veces al rector interino, Carlos Condori, al vicerrector, Efraín Chambi, y al asesor jurídico, Marco Antonio Hinojosa, señalados como parte de la cúpula que busca la reelección, pero este último atendió una llamada pero aseguró que no estaba autorizado a responder.
Amplían investigación contra 6 estudiantes y citan a otros 40, al rector y al vicerrector
El coordinador de la Fiscalía Departamental, Sergio Bustillos, informó que en el caso de la muerte de siete estudiantes de la UPEA la investigación fue ampliada contra seis estudiantes identificados como posibles autores materiales de homicidio culposo, por haber convocado a una asamblea estudiantil que derivó en un enfrentamiento.
Pese a que la pugna interna era por el control de uno de los centros de estudiantes del área económica, en el enfrentamiento estaban universitarios de ciencias de la educación, como Loyda Suazo, una de las fallecidas, quien a su vez era pareja de Brayan Quispe, presidente (por el estamento estudiantil) del Honorable Consejo Universitario (HCU).
La fuerza anticrimen también anunció que en los siguientes días deben declarar otros 40 estudiantes, de quienes se halló sus cédulas de identidad al interior de una mochila el día del accidente. Además, también deben presentarse el rector y el vicerrector interinos de la UPEA, Carlos Condori y Efraín Chambi, respectivamente, en calidad de testigos.
La Policía afirmó que “por el momento no existe un indicio material que involucre a los docentes”. Sin embargo, los investigadores esperan los resultados de las pericias realizadas a los celulares de las víctimas para establecer si existía flujo de llamadas o mensajes entre los docentes y dirigentes universitarios que firmaron la convocatoria a la asamblea del 2 de marzo.// Página Siete
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