Comprar laptos de una de “venta de muebles” suena a comprar medicamentos de una ferretería. Sin embargo, pasa, al menos en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), que firmó contrato para adquirir 69 computadoras portátiles con un negocio que nada tiene que ver, en los papeles, con el objeto del contrato. Por si no fuera sorprendente este contrasentido, surge otro: cada laptop, que cuesta alrededor de 1.000 dólares en una casa especializada en computadoras, en ésta, vale 1.600 dólares. Es decir, 600 dólares más, en total un sobreprecio de 41.400 dólares.
Apenas llegó la denuncia a este medio de comunicación, Erbol Digital visitó la dirección del negocio que figura en una factura y encontró que la “empresa” ofertante está ubicada en una casa particular (vivienda o habitación) en la calle del centro paceño, Obispo Cárdenas. Posteriormente, verificó, en su registro de comercio, que el negocio está dedicado a la “venta de muebles” y tiene su domicilio en la avenida Illimani.
Pese a estas contrariedades, las autoridades de la UPEA entregaron un anticipo económico de 154.560 bolivianos, según denunció el secretario General interino de esa universidad, Angel Alarcón Machicado. Sin embargo, el dueño del negocio, Juan Carlos Castillo afirmó categórico: “no me dieron nada”. Dadas estas declaraciones, se desconoce hasta el momento el destino de ese dinero público.
“Hay un sobreprecio en computadoras portátiles (de alrededor de 600 dólares por cada una), que la Federación Universitaria Local (FUL) presentó con la cotización de 11.200 bolivianos (por equipo), equivalente a 1.600 dólares. En el mercado los mismos están por debajo de 1.000 dólares, después de las investigaciones que hice”, denunció Alarcón.
El dirigente de la FUL, Iván Puña Aguilar, respondió que por norma universitaria los estudiantes están prohibidos de participar en los procesos de compra de bienes. “Las autoridades nombran a una unidad solicitante, en este caso lo designaron al secretario general y él es quien hace las cotizaciones y adjudicó, (nosotros) solamente hemos avalado las condiciones técnicas”, sostuvo.
El 5 de junio pasado, Castillo presentó la “denuncia de extorsión (contra el secretario general) Angel Alarcón”, ante el rectorado de la UPEA, donde indica que la citada autoridad universitaria le pidió una “colaboración” de 30.000 bolivianos para “subsanar” algunas observaciones en el proceso.
Adjudicaron en la primera convocatoria
El “Contrato administrativo de adquisiciones de bienes del proyecto UPEA-INS-ANPE-2C-B-No. 026/2012 equipamiento con computadoras portátiles y datas (FUL y centros de estudiantes) Primera convocatoria”, de fecha 07 de enero de 2013, suscrito entre el rector interino Rubén Cerrón Cahuya y Juan Carlos Castillo Nuñez, gerente propietario de JCC Representaciones, señala que en la primera convocatoria, realizada el 12 de diciembre de 2012, adjudicaron a JCC Representaciones porque era la “mejor calificada”.
La cláusula décima, del contrato, señala que “el monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición de los bienes asciende a la suma de total de 772.800 bolivianos. Pero, en ninguna parte del documento especifica la cantidad de “computadoras portátiles y datas”.
Se presentó sólo una empresa
El proveedor Juan Carlos Castillo Núñez, en comunicación con Erbol Digital, reveló que sólo su empresa se presentó ante la convocatoria que lanzó la UPEA para la adquisición de computadoras portátiles. Las autoridades responsables del proceso no declararon desierta.
“(La convocatoria) lo hacen mediante licitación pública en el SICOES y pueden presentarse las empresas que quieran, (pero) justamente ése día no fueron las otras empresas, seguramente (si tenían) un precio menor (al mío) les habrían adjudicado”, dijo Castillo.
Un pago fuera del contrato
El 1 de febrero de 2013, el rector interino de la UPEA, Rubén Cerrón Cahuya, y el director Administrativo Financiero interino, Carlos Marca Marca, emitieron el cheque 0001423 por 154.560 bolivianos como “adelanto del 20 por ciento” a JCC Representaciones, a parte del monto total establecido en el contrato, que es el primero pago.
El segundo desembolso se realizó el 21 de febrero del 2013, JCC Representaciones recibió de la UPEA la suma de 772.800 bolivianos por concepto de la adquisición de 69 computadoras portátiles HP Core i7, RAM 8Gb DR3, 750 GB Disco Duro, Lector Bluray DVD y CD, pantalla 15,6 pulgadas, Webcam, micrófonos integrados, tarjetas de Red Lan y WiFi, Mouse óptico y Flash memory de 4 Gb, según la factura No. 000104, expedida por la proveedora.
Pero, Castillo negó haber recibido el pago. “No me han pagado nada todavía, pero como he hecho préstamos para conseguir los equipos me están perjudicando. Sólo me dieron un pequeño parcialque no recuerdo. – Usted está dando una factura por más de 700.000 bolivianos – Yo he pagado, esos (son) impuestos a la renta”, justificó.
El 3 de mayo del 2013, el informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, emitido por Ronald PatonChuquimia, dirigido al secretario General de la UPEA, Ángel David Alarcón, indica que según el “acta de entrega” el bien (las computadoras portátiles) “ya ingresó en su totalidad a la entidad (UPEA)”.
Datos contradictorios de la proveedora
JCC Representaciones, en el contrato, se presenta como empresa unipersonal con registro de comercio en Fundempresa con matrícula No. 00151213 LP, que el mismo tiene por objeto la “venta de muebles”, según la certificación del 24 de agosto de 2012.
La empresa proveedora, en el contrato, anota su Número de Identificación Tributaria (NIT) No. 4783736017, con domicilio fiscal en calle Obispo Cárdenas 1764, y señala como actividad “comercio minorista” de artículos y equipos domésticos, libros y papelería, equipo fotográfico, e incluso trabajos de revoque, pintura, revestimiento de pisos y decoración de interiores, pero en la factura señala que efectúa servicios de informática, “venta de computadoras” y equipos electrodomésticos.// Erbol
La autoridad universitaria explicó que presentó la denuncia ante el Ministerio Público para que inicien las investigaciones e identifiquen a los responsables del presunto acto de corrupción. No se descarta, que en el proceso estén las autoridades de la Secretaria General y la Dirección Administrativa Financiera. 
