En estos tiempos de pandemia la muerte es noticia de todos los días, pero no por eso puede dejar de conmover a todos el accidente ocurrido en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), en el que murieron siete estudiantes y quedaron heridos otros cuatro.
Todas las muertes tienen detrás amigos y familiares para quienes hay un dolor y una pérdida irreparables, pero una muerte evitable, que es resultado de negligencia o torpeza nos parece aún más absurda. Este parece ser el caso de estas muertes estudiantiles.
Apenas conocido el hecho, se inició la búsqueda de causas y responsables. De hecho, ya han sido aprehendidos ocho dirigentes de la universidad que firmaron la convocatoria a la asamblea en la que perdieron la vida los estudiantes. Es deber de las autoridades establecer las causales del fatal accidente y castigar cuando corresponde, pero un hecho como este salta a la vista que es consecuencia de una cadena de fatalidades que debe ser establecida con cautela antes de poder señalar responsables. Pese a ello, como suele suceder, se ha impuesto en el país la cultura del aprehende primero, investiga después.
Mucho queda por averiguar, pero hasta donde ha podido cubrir la noticia, se sabe que hubo una convocatoria a una asamblea; que asistieron a esa asamblea un gran número de estudiantes que se aglomeraron en varios espacios del edificio de la UPEA y en particular en un área junto a una baranda en un cuarto piso que daba a un vacío; que muchos estudiantes acudieron a la cita bajo amenazas; que durante la asamblea se inició un forcejeo que hizo que un grupo de estudiantes quedara presionado contra esa baranda y que finalmente ésta cedió, haciendo que 11 estudiantes cayeran más de 16 metros, ocasionando la muerte de siete de ellos.
Como se puede apreciar de este resumen, la cadena causal no es sencilla y podríamos identificar muchos responsables en ella: los que convocaron, los que establecieron las multas, los que iniciaron la pelea, los que construyeron la baranda... Todos ellos saltan a la vista como los candidatos obvios. Señalar a quienes convocaron como los culpables y aprehenderlos antes de que una investigación establezca intención, conocimiento y negligencia parece a todas luces prematuro.
Al mismo tiempo, esta terrible tragedia desveló una “dictadura dirigencial” que funciona con base en multas, chicotazos, chantajes con becas, bonos y notas, sobre todo en alumnos nuevos. Entre varias denuncias, una docente que prefirió no ser identificada sostuvo que una organización que opera al interior de la universidad alteña presiona a los estudiantes para formar grupos de choque y tomar los centros de estudiantes. Incluso afirmó que, después de la tragedia, ejecutivos de la UPEA publicaron un comunicado en el que afirmaron que sólo ellos pueden declarar por el accidente “porque tienen miedo de que los directores y centros de estudiantes hablen, están tapando cosas”.
Son al parecer intereses económicos y políticos que utilizan esa pobre universidad para enriquecer u otorgar favores políticos a un pequeño grupo de personas a nombre de los pueblos originarios. Como es bien sabido, miles de estudiantes, muchos del área rural, llegan a esta universidad en busca de formación profesional y superación personal.
Sin embargo, pese a que estas denuncias son públicas y numerosas de parte de padres y estudiantes, no hay demandas formales por multas y abusos a estudiantes de parte de dirigentes.
Son varios elementos y, como hemos manifestado, es necesaria una investigación profunda del caso, y el castigo de todos los culpables de este hecho de luto una vez concluya dicha investigación. Empero, en este como en otros casos similares, debemos detener la cultura de la prisión como primera medida. De los muchos males que sufre nuestra justicia, este es uno de los más difíciles de corregir. Basta que las autoridades recuerden la importancia del consagrado principio de la inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.// Página Siete
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