Pese a las denuncias públicas de padres y estudiantes, no hay demandas formales por multas y abusos a estudiantes de parte de dirigentes. La Policía investiga.
“No es nada nuevo, te cobran por todo, te chantajean, te sacan a marchas... hasta a campañas políticas”, afirma M. C. P., un estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). “Los dirigentes tienen poder, por eso pelean por los centros y usan a los universitarios”, añade en medio de la vigilia que padres y vecinos instalaron para velar a los siete estudiantes muertos tras la caída de una baranda en medio de un conflicto estudiantil. 
El pasado martes, una asamblea del área financiera de la casa de estudios superiores alteña terminó en la pugna por el centro de estudiantes de una de las carreras. En el forcejeo, 11 universitarios cayeron al vacío desde un cuarto piso; siete perdieron la vida y cuatro quedaron heridos. La tragedia desveló una “dictadura dirigencial” que funciona con base en multas, chicotazos, chantajes con becas, bonos y notas, sobre todo en alumnos nuevos.
“Nos han dicho que había multa si no asistíamos. A las chicas les han chicoteado por llegar tarde y a los que queremos una beca nos dicen que debemos apoyar si queremos su aval”, señala un estudiante de Ciencias de la Educación que asistió a la asamblea, pese a no pertenecer a la carrera en conflicto. “No debíamos estar ahí, no es nuestra carrera, nos obligaron, querían gente para enfrentar al otro bando”, relata.
“No hay ni un denunciante”
“El lunes estábamos felices en la casa y le han llamado de la UPEA para que vaya el martes. Le dije: hijo, no vayas. ‘Mami, nos obligan con multa, si no me van a botar’ me respondió. Mi hija también me contó que los del centro les estaban obligando”, denuncia Juana Justo, madre de Gemio Mamani, una de las víctimas.
Como ella, padres y estudiantes afirman que estos abusos no son recientes. Que los alumnos son obligados a asistir a asambleas tal como pasó el 2 de marzo, cuando no se respetó ni la prohibición del rectorado para todo tipo de reuniones por la pandemia.
Por los trágicos hechos, la Policía aprehendió a ocho personas, que fueron imputadas por el delito de homicidio culposo, por convocar a una asamblea en medio de las prohibiciones . En este marco, se investiga si hubo medidas coercitivas o de extorsión para obligar a los estudiantes a asistir a la reunión o a realizar ciertas acciones en ella.
Todos los detenidos son dirigentes estudiantiles, acusados -entre sí y por otros- de cometer abusos y chantajes para conseguir sus objetivos. Uno de los involucrados que no está aprehendido pero es parte de las irregularidades es Bryan D. Q., dirigente estudiantil de Ciencias de la Educación. Su novia, Loyda Z. (también estudiante de Educación) murió en el conflicto del centro de estudiantes de Economía.
La firma de D. Q no figura en la convocatoria a la trágica asamblea, pero hay varios estudiantes que afirman que es parte de las “dictaduras dirigenciales”.
La abogada Mónica Irusta, defensora de uno de los aprehendidos, sostiene que no hay pruebas sobre que se obligue a los estudiantes a asistir a las reuniones que convocó su cliente Vladimir P. junto con otros dirigentes.
“Dentro del cuaderno de investigaciones -y hablo de los que yo vi- nadie declaró ni presentó pruebas contundentes de que se estaba pidiendo montos económicos o se daban sanciones físicas por no asistir a asambleas. El que afirma tiene que probar. Si veo que a mi hijo lo han obligado, él, mayor de edad, tiene la obligación de evidenciar esto. Pero no hay un solo estudiante que se haya constituido en denunciante. Yo me baso en actuados, no en preguntas de la calle”, sostiene la jurista.
“Si no vas, hay multa”. “Si no apoyas, no te dan aval”. “Es una rosca donde hay docentes que te quitan nota”. “Si no asistes a sus marchas, te puedes aplazar”. “Se aprovechan de los de primer año, les prometen becas, bonos y hasta trabajo”. “Así les han obligado ese día a asistir a la asamblea, por eso había estudiantes de Educación en un conflicto de Economía”. “No es de un solo bando, el problema es en los dos”.
Esas son parte de las quejas anónimas que los estudiantes hacen entre los pasillos. Ninguno se anima a denunciar pues temen represalias y aunque no están de acuerdo, para ellos ya “es una práctica normal”.
“Tenemos algunas declaraciones de testigos, que han pedido mantenerse en reserva, que señalan que si no participaban de estas asambleas tenían sanciones económicas e inclusive física, o que se hablaría con los catedráticos para bajar notas o aplazarlos en algunas materias”, indica el fiscal departamental Marco Antonio Cossío.
“Mi hermano menor está empezando Auditoría, a él le citaron y no quiso ir, dijo que prefería pagar la multa. No es sólo en su carrera, este año yo congelé mis materias porque ya era el colmo. De todo te cobraban, el año pasado hasta me han hecho hacer campaña. Uno se queja, pero es en vano, porque todos los niveles están metidos”, sostiene S. Y. V., en el ingreso principal del campus universitario.
El comandante nacional de la Policía, Jhonny Aguilera, afirma que como parte de la investigación, la Policía recaba testimonios de cómo los estudiantes son obligados por los dirigentes.
“No sólo estaban alumnos de Ciencias Económicas, sino de Ciencias de la Educación en esa asamblea. Desde nuestro punto de vista no había razón para que sean parte del mitin. Cuando entrevistamos a las personas citadas, éstas refieren que es por la influencia que tiene el dirigente de la FUL y su segundo para motivar la participación”, manifestó.
Por separado, Cossío y Aguilera coinciden en que para probar o descartar estas denuncias se solicitó el desdoblamiento de varios teléfonos celulares. Con la información que se obtenga se establecerá si hay docentes implicados en la convocatoria.
Para la familia de Gemio y de los otros fallecidos, es necesario aclarar estos puntos para que las muertes no queden impunes.
“Ese martes yo me fui a Copacabana, le encargué a mi hijo que vaya un rato a la UPEA y se vuelva para alcanzarme allá. No quería que vaya y le insistí: te vas apurar… Nos hemos reído y se despidió diciéndome: ‘Ya mami, no te preocupes, rápido voy a venir… mami, no vas a llorar’”, relata doña Justa sin poder cumplir con la petición del joven.
En la eterna pugna
La universidad alteña fue creada el 5 de septiembre de 2000 con la promulgación de la Ley 2115. Nació sin autonomía y bajo la administración de un consejo que, apenas fue anunciado, fue foco de pugnas políticas, entre autoridades nacionales, locales y organizaciones sociales, actores que poco tenían que ver con el quehacer académico.
Para sus primeros diez años, la UPEA ya había conseguido ser autónoma pero no lograba estabilidad. En una década pasaron al menos 11 rectores destituidos y posesionados entre protestas y apoyo estudiantil. Ya entonces se hablaba de “camarillas” que tejían redes a todo nivel para conseguir dirigencias fuertes.
Las investigaciones apuntan a que esta eterna pugna para concentrar el poder fue el móvil que generó el enfrentamiento entre los dos bandos la semana pasada. Los convocantes buscaban tomar el centro de estudiantes de Economía, cuya dirigencia prorrogó su gestión de forma inconsulta durante la pandemia.
“Días antes del accidente se cambiaron directivas en los centros de Administración de Empresas y Auditoría y se pretendía controlar también la carrera de Economía. Es entonces que el bloque encabezado por Wilson Q. C. convocó a una asamblea en la que sugirió e incitó a pedir el cambio de los actuales dirigentes”, explica Aguilera.
Wilson Q. C., también aprehendido, es el dirigente estudiantil de toda el área financiera. Él llamó a la asamblea junto con las cabezas de cinco de las seis carreras que conforman la facultad, además del secretario consejero ante el Consejo Universitario. A la conclusión del evento, fue él quien incitó a los estudiantes a dirigirse al cuarto piso del edificio para tomar el Centro de Estudiantes de Economía.
“En dicha oficina (en el cuarto piso) ya estaba Yamil C., dirigente al que se pretendía sacar por la fuerza. Los estudiantes que apoyaban a uno y a otro bando empezaron a discutir hasta que la trifulca concluyó con la rotura de la baranda y la caída de 11 universitarios. Se conoció además que la ejecutiva Fanny V. fue la persona que ordenó a los 500 asistentes a subir hasta ese lugar para empezar los conflictos”, afirma Aguilera.
El tener personas afines en todos los centros, daría al bando la oportunidad de proponer a alguien para las elecciones del decanato de la facultad, que se realizará dentro de poco. Pero ¿cómo pueden tener los dirigentes tanta influencia en los alumnos para que sigan estas acciones?
El poder de los centros de estudiantes se concentra en el peso que tiene su aval y la influencia que ejercen sobre los docentes.
El rector interino de la UPEA, Carlos Condori, explica que en la casa de estudios superiores, como en todas las del sistema público, existen beneficios para estudiantes como becas trabajo, bono comedor y otros estipendios.
“Para acceder éstos, se requieren como uno de los requisitos el aval del centro de estudiantes, que indique que el solicitante no tiene inconvenientes. Son medidas estamentarias que deben cumplirse para acceder a un beneficio. Es parte del cogobieno que rige en todo el sistema universitario”, sostiene Condori.
Según datos de 2017, del departamento de Interacción Social Bienestar Estudiantil y Deporte (Disbed) de la UPEA, en esta casa de estudios superiores se pagan al menos diez tipos de becas y bonos a unos 6.000 estudiantes. El beneficio más elevado es de 7.000 bolivianos y es entregado a proyectos de investigación macro. El más bajo es de 3.800, destinado a universitarios que no tienen casa propia y viven en alquiler.
Cinco becas son financiadas con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y del Tesoro General de la Nación (TGN). Cuatro de ellas se pagan de forma anual: la beca comedor y vivienda institucional de 6.000 bolivianos, la beca a la excelencia académica de 6.000 bolivianos, el proyecto de investigación de 7.000 bolivianos y la beca extensión de 6.000 bolivianos.
La quinta es la beca trabajo, que consta de un pago de 1.000 bolivianos mensuales. Las asignaciones se cancelan durante diez meses de una gestión académica. Además, están los bonos de vivienda, de alimentación, al mérito, de auxiliaturas, etc.
“Son una mafia. Todos los de la FUL, el representante, nos obligaban a ir. Mi compañero Yerko está muerto por su culpa. Él quería conseguir algo más, quería acceder a la beca trabajo o al bono comedor y así lo obligaron a participar. En los videos se ve cómo se cae al vacío. Siempre nos obligaban a ir por política”, exclamó la compañera de Yerko en entrevista con No Mentirás.
Muchos de los estudiantes señalan que son los centros de estudiantes los que se quedan con los cupos de estos beneficios y deciden a quién favorecer con ellos. Es por eso que muchos universitarios, en especial de primer año, se prestan a vivir bajo una dictadura dirigencial para hacer méritos que los haga merecedores de su aval.
“Nosotros no podemos ingresas al estamento estudiantil y no tenemos conocimiento de lo que indican. En el transcurso de las investigación lo veremos”, responde Condori al respecto.
7 muertes en la UPEA
- Conflicto Hace dos semanas los estudiantes de la carrera de Economía ya se habían reunido para denunciar cobros irregulares en las inscripciones y la situación institucional de la dirigencia estudiantil.
- 1 de marzo Se convocó a los estudiantes a una nueva asamblea. Ésta tenía como primer orden del día el control de asistencia.
- 2 de marzo Los estudiantes empezaron a llegar a los predios de la UPEA a partir de las siete de la mañana. De forma irregular, no sólo estaban convocados estudiantes del área financiera, sino también de Ciencias de la Educación.
- 10:00 La asamblea se llevó a cabo en el patio de la facultad y ya llegaba a su final. Pero, mientras que un grupo se retiraba a las oficinas del centro estudiantil, otro empezaba un mitin que tenía el fin de ir a tomar los predios por la fuerza. Ambos bandos contaban con un grupo de choque.
- 4° piso En menos de diez minutos los estudiantes se encontraban en el cuarto piso del edificio de Economía, discutían entre dos bandos y empezaron los forcejeos.
- Baranda Eran más de 500 estudiantes aglomerados en un solo piso. En medio de los empujones, un crujido alertó sobre la ruptura de una baranda que hacía de soporte para la masa de personas.
- Caída 11 estudiantes cayeron al vacío sin encontrar un punto del que pudieran sostenerse. Estaban aproximadamente a 17 metros de altura.
- Víctimas Tres estudiantes fallecieron de forma instantánea y otros cuatro murieron camino al hospital o mientras eran atendidos en el hospital.
- Policía Se aprehendió a ocho jóvenes que convocaron a la asamblea. Todos fueron imputados por el delito de homicidio culposo. Tras las audiencia de medidas cautelares, fueron puestos en detención preventiva.
- Investigaciones Las pesquisas continúan. Aún quedan cuestionantes sobre quién dejó ingresar a los estudiantes a los predios cuando toda reunión está prohibida en la UPEA y cuáles eran los verdaderos intereses.// Página Siete
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